La reciente denuncia interpuesta por el exconcejal Carlos Felipe Parra contra un agente de tránsito en Girón no es solo un reporte de presunta corrupción; es el retrato de un sistema que parece haber canjeado la seguridad vial por un modelo de negocio privado. Cuando un funcionario público —investido de la autoridad para sancionar— registra la astronómica cifra de 800 comparendos en menos de un año, la sospecha de que la ley se está usando como carnada para el lucro personal deja de ser una conjetura para convertirse en una urgencia institucional.
El esquema descrito es, por decir lo menos, perverso. Según la denuncia, el agente impondría las multas de forma masiva (especialmente a vehículos estacionados) para que, posteriormente, una empresa vinculada a su propio núcleo familiar ofreciera el servicio de "limpiar" el registro por una tarifa establecida de 130.000 pesos. Si esto se comprueba, estaríamos ante un círculo de corrupción perfecto: el Estado crea la falta, la familia ofrece la solución y el ciudadano, atrapado en la burocracia, termina financiando un esquema de extorsión institucionalizada.
El síntoma de una crisis de confianza
Lo ocurrido en Girón es el síntoma de una enfermedad que aqueja a muchas secretarías de tránsito en el país: la "meta de recaudo" por encima de la cultura ciudadana. Cuando la eficiencia de un agente se mide por el número de papeles firmados y no por la fluidez del tráfico o la reducción de accidentes, se abre la puerta a este tipo de irregularidades.
"La autoridad no puede ser un martillo que solo golpea para llenar los bolsillos de unos pocos; debe ser el garante de un orden compartido."
La respuesta institucional: ¿Suficiente?
El anuncio del Secretario de Tránsito, José Manuel Reinozo Gómez, sobre una revisión interna es el paso protocolario necesario, pero insuficiente. La corrupción de este calibre rara vez es el esfuerzo de un "lobo solitario". Las auditorías deben ser profundas y extenderse a los sistemas de información donde se "bajan" las multas, pues allí es donde suele quedar la huella digital del delito.
Es imperativo que la investigación no se quede en las paredes de la alcaldía local. La solicitud de ampliar las pesquisas a municipios vecinos como Floridablanca y Piedecuesta es clave. La corrupción en las vías no conoce fronteras municipales y, a menudo, estos esquemas de gestión documental de multas operan como redes regionales.
Conclusión
El debido proceso debe respetarse, pero la indignación ciudadana está justificada. Cada vez que un agente de tránsito usa su uniforme para alimentar una empresa familiar, se erosiona un poco más la legitimidad del Estado. Si Girón quiere recuperar la confianza de sus conductores, la sanción no solo debe ser administrativa, sino ejemplarizante. La movilidad debe dejar de ser vista como una "mina de oro" para quienes tienen el poder de firmar una boleta.
