La reciente orden del Juzgado Once Administrativo de Bucaramanga no es solo un trámite legal; es un grito de auxilio institucional ante una tragedia anunciada. Que la justicia tenga que intervenir para obligar a podar la maleza y cerrar accesos en el portal "Papi Quiero Piña" es la prueba reina del fracaso administrativo que ha rodeado a Metrolínea durante más de una década.

Es indignante que hayamos tenido que llegar al extremo de una muerte accidental para que las autoridades locales y el ente gestor recordaran que ese esqueleto de concreto existe. Lo que nació en 2012 como una promesa de movilidad y modernidad para Floridablanca se convirtió, por obra y gracia de la ineficiencia, en una "boca de lobo" que vulnera los derechos más básicos de los ciudadanos.

Un Riesgo Público a la Vista de Todos

El fallo de la jueza Edilia Duarte pone el dedo en la llaga al mencionar la vulneración de derechos colectivos. No se trata solo de una obra inconclusa; se trata de:

  • Inseguridad: Un predio abandonado es el refugio perfecto para la delincuencia.

  • Salubridad: El monte y el estancamiento de aguas son focos de plagas.

  • Patrimonio: Millones de pesos de los contribuyentes se están pudriendo al sol y al agua.

La orden de "medidas inmediatas" (poda, vigilancia 24/7 y cerramiento) en un plazo de cinco días es una bofetada a la parsimonia de Metrolínea y las alcaldías de Bucaramanga y Floridablanca. ¿Por qué se necesitó una acción popular y un fallecimiento para que se garantizara algo tan elemental como la vigilancia de un bien público?

Más Allá de los Paños de Agua Tibia

Si bien las medidas cautelares son necesarias para evitar más accidentes, el problema de fondo persiste. El portal "Papi Quiero Piña" es el monumento a la desidia santandereana. Limpiar la maleza es apenas una "curita" en una herida abierta que requiere cirugía mayor: o se termina la obra o se liquida con responsabilidad, pero no se puede seguir permitiendo que el paisaje urbano de nuestra área metropolitana sea definido por la ruina y el peligro.

La justicia ha encendido las alarmas, pero la ciudadanía debe mantenerse vigilante. No podemos permitir que, una vez cortado el pasto, el portal vuelva a caer en el olvido institucional hasta que ocurra la próxima tragedia. La movilidad debe salvar vidas, no quitarlas.