La democracia colombiana se enfrenta a un nuevo examen de resistencia. El anuncio de una inminente declaración de emergencia económica por parte del Gobierno Nacional, con el objetivo de subsanar un déficit de 16,3 billones de pesos para el presupuesto de 2026, no es solo una medida administrativa; es un pulso directo a la separación de poderes y al espíritu de la Constitución de 1991.
El nudo del conflicto radica en la naturaleza misma del Estado de Excepción (Artículo 215). La Carta Política es clara: esta figura está reservada para hechos sobrevinientes e imprevisibles. Sin embargo, el déficit presupuestal que hoy agobia al Ejecutivo no cayó del cielo ni fue producto de un desastre natural; es la consecuencia directa del archivo de una reforma tributaria en el Congreso y de una planeación fiscal que no encontró eco en el Legislativo. Intentar "recuperar lo que el Congreso dejó desfinanciado" mediante decretos con fuerza de ley no es otra cosa que un intento de bypass al sistema democrático.
El riesgo del hecho cumplido
Lo más alarmante de esta estrategia es el aprovechamiento de la vacancia judicial. Al emitir el decreto justo cuando la Rama Judicial entra en receso, el Gobierno parece apostar por el "hecho cumplido". Mientras la Corte Constitucional resuelve los obstáculos operativos para sesionar, o mientras llega el 13 de enero, los nuevos impuestos (al patrimonio, al IVA digital, a los hidrocarburos) empezarían a cobrarse.
Este escenario plantea una injusticia flagrante: el ciudadano se vería obligado a pagar tributos que, con alta probabilidad, serán declarados inconstitucionales meses después. El caos administrativo para devolver esos recursos y el daño a la seguridad jurídica serían profundos.
La Corte como último dique
La Corte Constitucional ha demostrado ser, en años recientes, el dique de contención frente a las tentaciones autoritarias de diversos gobiernos. Ya lo hizo con la emergencia en La Guajira en 2023. En esta ocasión, la Sala Plena tiene el reto no solo de evaluar el fondo del decreto, sino de demostrar que la justicia no se toma vacaciones cuando la institucionalidad está en riesgo.
La celeridad con la que actúe el tribunal para dictar medidas cautelares que suspendan los efectos tributarios será vital. Si el Ejecutivo logra gobernar por decreto durante un mes sin control judicial, se habrá sentado un precedente nefasto: que basta con esperar al receso de diciembre para legislar a espaldas del Congreso.
Conclusión
El presupuesto de una nación es un pacto político que debe pasar por el escrutinio de los representantes del pueblo. La crisis fiscal es real, pero no puede ser la excusa para desmantelar el equilibrio de poderes. Si permitimos que el estado de excepción se convierta en la herramienta ordinaria para resolver desacuerdos legislativos, habremos transformado nuestra democracia en un régimen de voluntad presidencial.
La Corte tiene la palabra, y el país, la mirada puesta en sus magistrados. El equilibrio democrático no puede ser otra víctima del déficit fiscal.
