La reciente alerta de seguridad emitida por el gobierno de Estados Unidos respecto al espacio aéreo en el Pacífico colombiano ha generado un sismo de incertidumbre que la Aeronáutica Civil (Aerocivil) ha tenido que salir a mitigar. Más allá de un simple cruce de comunicados, este episodio revela las profundas grietas en la percepción de seguridad que aún persisten sobre una de las regiones más biodiversas, pero también más vulnerables del país.
El peso de una advertencia externa
Cuando una potencia como Estados Unidos emite una circular de seguridad, el impacto es inmediato: las aseguradoras elevan costos, los turistas cancelan planes y la reputación del país sufre un revés. La aclaración de la Aerocivil no es un trámite menor; es un esfuerzo por delimitar el riesgo y evitar que el pánico paralice la conectividad de departamentos como Chocó, Valle, Cauca y Nariño, que dependen del aire para romper su histórico aislamiento.
Geografía del riesgo vs. Realidad operativa
La precisión geográfica que ofrece la Aerocivil es vital. Al aclarar que las operaciones comerciales mantienen sus estándares y que los corredores aéreos están protegidos, se busca blindar la economía local. Sin embargo, no podemos ignorar el trasfondo: las alertas no nacen del vacío. Son el reflejo de una dinámica de orden público en el litoral que el Estado colombiano lucha por controlar.
Punto clave: La seguridad aérea no se trata solo de radares y motores; en el Pacífico, está intrínsecamente ligada al control territorial en tierra.
