La mañana de este sábado en Bucaramanga nos dejó una postal preocupante sobre el estado de la institucionalidad en nuestra ciudad. Lo que inició como un procedimiento rutinario de verificación de antecedentes frente a las instalaciones de la CUT, terminó en una asonada que pone sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿en qué momento decidimos que la militancia política o social otorga inmunidad frente a la ley?
El reporte es claro: la Policía Nacional identificó a un ciudadano con una orden de captura vigente por delitos graves —concierto para delinquir, hurto agravado e invasión de tierras—. No se trataba de una detención arbitraria ni de una persecución por ideología; era el cumplimiento de un mandato judicial. Sin embargo, la respuesta de quienes lo acompañaban, pertenecientes a la Brigada Internacionalista por la Soberanía, no fue la de facilitar el debido proceso, sino la de recurrir a la fuerza para impedir la acción policial.
La delgada línea entre la solidaridad y la obstrucción
Es válido, y hasta necesario, que las organizaciones sociales velen por los derechos humanos y denuncien posibles abusos de poder. No obstante, la solidaridad no puede confundirse con la obstrucción a la justicia. Cuando un grupo de ciudadanos decide, por la vía de los hechos, que una orden de captura no debe ejecutarse, está enviando un mensaje peligroso: que existen zonas o colectivos donde el Estado de derecho no tiene jurisdicción.
El precedente: Permitir que las "asonadas" se conviertan en el mecanismo estándar para frenar capturas legítimas debilita la confianza en la Fuerza Pública.
La responsabilidad: Quienes lideran estos movimientos deben entender que proteger a alguien requerido por la justicia no es un acto de resistencia, sino un posible delito.
Un llamado al orden
Bucaramanga no puede convertirse en un escenario donde el uniforme de la Policía sea símbolo de impotencia ante la presión de la multitud. Si el ciudadano en cuestión es inocente o si su proceso tiene irregularidades, el lugar para demostrarlo son los estrados judiciales, no la calle 42 mediante la confrontación física.
La soberanía y la autodeterminación de los pueblos, banderas que dice defender el grupo involucrado, comienzan por el respeto a las leyes del propio territorio. Sin orden público no hay derechos garantizados para nadie, ni para el sindicato, ni para el transeúnte, ni para el propio capturado.
